jueves, 27 de julio de 2017

La enseñanza concertada y el pacto educativo ¿Un escollo insalvable?

La enseñanza concertada y el pacto educativo
¿Un escollo insalvable?

Muy posiblemente, la cuestión que está provocando mayor grado de disenso en el debate parlamentario sobre el pacto educativo es la de la enseñanza privada concertada.[1] Tres han sido, hasta ahora, los aspectos fundamentales a ella referidos: los conciertos, el cobro de cuotas periódicas a las familias y la segregación escolar a que daría lugar.

En lo que se refiere a la cuestión de los conciertos, algunos comparecientes (a los que se añade algún diputado) han sido tajantes en la petición de la supresión de la subvención pública a los centros concertados, de manera que estos deberían optar o bien por ser estrictamente privados o, lo que parecía más deseable, o elegir su paulatina incorporación a la red pública.

Es ineludible detener la política de conciertos e ir reduciendo progresivamente su financiación pública hasta la superación de la actual doble red.
Benavent Martínez, Coordinador de acción sindical y política educativa de la Confederación de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza Intersindical, STES-I, miembro del Consejo Escolar del Estado (7 de marzo).

Cualquier pacto educativo debe apostar por la eliminación de los conciertos educativos en todos los niveles, comenzando inmediatamente por los que segregan al alumnado por razón de género, para continuar con los de la enseñanza no obligatoria hasta su total eliminación en todas las etapas educativas.
Louzao Rodríguez, Secretario nacional de la Confederación Intersindical Galega, Cig-Ensino (14 de marzo)

 (…) en Cataluña las escuelas del Spec a través de una iniciativa que presentó precisamente al Partit dels Socialistes de Catalunya que voluntariamente lo solicitaron, se incorporaron a la red de escuelas públicas. Los más interesados (…) son el profesorado, porque mejora sus condiciones laborales.
Mena Arca, Diputado del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (6 de marzo).

Por el contrario, los defensores de la escuela concertada aducen que la existencia y extensión de esta depende, única y exclusivamente, de la voluntad y el derecho de las familias.

…el tamaño de la escuela concertada, de la privada y de la pública lo deciden los ciudadanos cuando llevan a su hijo cada mes de septiembre al colegio.
Aguiló Pastrana. Presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza, CECE, miembro del Consejo Escolar del Estado (7 de marzo).

La programación general de la enseñanza ha de tener como objetivo que el derecho a la libre elección de centro pueda ser ejercido por las familias en plenitud.
Caballero García. Presidente nacional de la Confederación Católica de Padres de Familia y Padres de Alumnos, CONCAPA, miembro del Consejo Escolar del Estado (14 de marzo).

Hay quien, incluso, pide más ayudas para optar por la privada.

(…) la desgravación fiscal de las enseñanzas obligatorias y el bono escolar para la etapa no obligatoria en la educación infantil
Nuñez Velázquez. Presidente de la Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza, ACADE, miembro del Consejo Escolar del Estado (2 de marzo)

La cuestión de las cuotas periódicas que pagan las familias en la práctica totalidad de los centros concertados, ha sido una de las más polémicas. Para algunos de los comparecientes y varios diputados de la subcomisión, tales cuotas, amén de abusivas, son obligatorias, lo que conculcaría la legislación vigente.

Supongo que sabe que existe un estudio de la OCU, de la Organización de Consumidores y Usuarios, del año 2012 que dice que el 91% de las escuelas concertadas obliga al pago de cuotas, es decir, esconden a las familias que el pago de cuotas es una cosa voluntaria, contraviniendo el principio de gratuidad de nuestra escuela pública.
Mena Arca. Diputado del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en su intervención al hilo de la comparecencia de Alvira Dupla, Secretario general de la Federación Española de Religiosos de Enseñanza Titulares de Centros Católicos, FERE-CECA, miembro del Consejo Escolar del Estado  (6 de marzo).

Entretanto, y de manera inmediata, se debería obligar a los centros privados concertados a que cumplan con la gratuidad total. Asimismo, hay que suprimir los conciertos en aquellos centros que practiquen cualquier tipo de discriminación que conduzca a la selección del alumnado. Incluso un organismo económico como la OCDE, en su informe Equidad y calidad de la educación, plantea que proponer libertad de elección de la escuela a los padres puede dar por resultado la segregación de estudiantes según sus capacidades y antecedentes socioeconómicos y generar mayores desigualdades en los sistemas educativos.
Rodríguez Martínez. Representante de Foro de Sevilla: «Por otra Política Educativa» (5 de abril).

Desde la escuela concertada se aduce que las cuotas son voluntarias y que existen porque los conciertos no cubren los costes reales de la enseñanza.

No hay cuotas obligatorias porque son ilegales; si las hay, se deben denunciar y, por tanto, en  ese momento la Administración educativa tiene que intervenir y, si verdaderamente se ha incumplido el concierto educativo, proponer la sanción  que le corresponda a ese centro. Sí que existen cuotas voluntarias, eso es innegable, no creo que a estas alturas nadie niegue que en los centros se les pide de forma voluntaria a las familias que colaboren con esa cuota voluntaria. ¿Nos gusta? No. ¿Cuándo se acabaría? Cuando la Administración ponga la financiación adecuada para que el coste del puesto escolar sea completamente gratuito.
Pueyo Val. Secretario general de la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza, FSIE, miembro del consejo escolar del estado (6 de marzo).

         Sin embargo, el representante de la patronal privada puso en duda que tales cuotas fueran realmente voluntarias, a lo que añadió que una parte de la enseñanza concertada responde a un modelo meramente empresarial en pro del beneficio privado.

¿Y por qué hay modelo de negocio en la concertada? Pues por las facilidades que se están dando en algunos casos —aprovecho aquí para contestar también a una pregunta del señor Pérez—, cuando se cede suelo público, sobre todo en Madrid, a un precio que es aproximadamente quince veces inferior al IBI que cualquier centro privado está pagando y además se le permite cobrar y además se le pagan los profesores y además se le paga el módulo y además en ese suelo público puede hacer actividades extraescolares por las que sí puede cobrar y por las que genera un beneficio.
Ya me contarán, cuando conocemos entramados empresariales de colegios concertados, que se parecen a una entidad benéfico-docente muy poquito. Eso sí está ocurriendo. Pero está ocurriendo y lo conocemos todos.
Y, contestando a alguna de las otras preguntas, lo de las cuotas voluntarias, y estoy en este caso, y a lo mejor en alguno más, con el señor Mena, de voluntarias tienen lo justo.
Castellano Zapatero. Presidente de la Asociación de Centros Privados e Independientes, CICAE (7 de junio).

A la escuela concertada se la acusa de ser segregadora y de no matricular en la misma proporción que lo hace la pública al alumnado inmigrante.

Uno de los elementos principales que abundan en esa segregación es la existencia de una red privada con fondos públicos, la red concertada. Ha creado un modelo segregador, un modelo que necesita seleccionar el alumnado y que genera un mercado educativo que multiplica las desigualdades
Moreno García. Miembro de la Asamblea Marea Verde (21 de febrero).

Hay otro problema en la situación del modelo concertado y es que todos tenemos que entender que las familias para sus hijos quieren siempre lo mejor y probablemente piensen —seguro—, yo prefiero que mi hijo vaya a este colegio donde no hay ningún inmigrante y donde se pagan 150 euros al mes, y pagando 150 euros al mes consigo que no venga ninguno y lo prefiero.
Castellano Zapatero. Presidente de la Asociación de Centros Privados e Independientes, CICAE (7 de junio).

          Sin embargo, desde la escuela católica se aducen datos que mostrarían que tal cosa no es así. Pero, a continuación, se pueden ver los datos que se aportan desde el frente de los defensores de la escuela pública.

En la pública está el 82% de los inmigrantes, pero se olvida decir que la escuela concertada solo representa el 20% del total del sistema educativo español En los colegios católicos a los que represento y que son mayoritarios en el sector concertado, el 6,7% de sus alumnos son hijos de padres inmigrantes,  Mientras que en la escuela pública esta proporción es parecida, 7,1%,  no se suele destacar que el 44% de los alumnos con necesidades educativas especiales están atendidos en centros concertados.
Alvira Duplá. Secretario General de la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza-titulares de centros católicos, FERE-CECA (6 de marzo).

La red pública escolariza al 82,2 % del alumnado extranjero mientras la red concertada únicamente escolariza al 13,1 % y, en el caso de la red privada, este porcentaje se reduce al 4,7 % del total.
(…)
En cuanto al alumnado extranjero, me decía el portavoz del Partido Popular que Andalucía en la escuela pública escolariza el 84,7 %. Claro, es que la red pública en Andalucía representa el 82 %, así que en Andalucía la escuela pública escolariza el porcentaje de alumnado que le corresponde según su implantación en la red, poco más o menos. Sin embargo, la media del Estado es que la escuela pública, que tiene el 66% del total de alumnos escolarizados, escolariza a más del 82 % del alumnado extranjero.
García Suárez- Secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, miembro del Consejo Escolar de Estado (21 de marzo).

         Algunos intervinientes denunciaron tanto el crecimiento de las subvenciones a la privada como la penetración de la lógica privatizadora en la enseñanza pública.

Constatamos que el gasto en conciertos creció un 6,5 % entre 2008 y 2014, mientras las partidas correspondientes a la enseñanza pública se reducían un 15,2 %
(…)
La Lomce es una ley mercantilizadora que concibe el sistema educativo como la estantería del supermercado, donde los centros pueden definirse como quieran, artísticos, deportivos, tecnológicos, científicos, o lo que sea. Pero ese no es el concepto de autonomía que estaba vigente en nuestro sistema educativo, que es que el centro se adecue al perfil del alumnado para garantizar el éxito escolar de sus alumnos, sino que el centro define su perfil curricular y, en función de eso, selecciona a los alumnos; cosa que nada tiene que ver con la autonomía de los centros tal y como nosotros la entendíamos y tal y como se venía entendiendo.
García Suárez. Secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, miembro del Consejo Escolar de Estado (21 de marzo).

         Finalmente, conviene no perder de vista la existencia de las cooperativas de enseñanza, las cuales, de acuerdo con la intervención (5 de abril) de Sierra Sosa, presidente de la  Unión Española de Cooperativas de Enseñanza (UECoE).

La UECOE, la Unión Española de Cooperativas de Enseñanza, se constituye como único ente representativo a nivel estatal de todas las comunidades autónomas, de todos los centros cooperativos y centros de economía social, con la forma jurídica, fundamentalmente, de sociedades cooperativas de enseñanza. Está constituida legalmente desde 1989; actualmente agrupa a algo más de seiscientas cooperativas de enseñanza y centros educativos de economía social. Entre socios cooperativistas y personal contratado somos aproximadamente unos 27.500 trabajadores, con una facturación aproximada de 737 millones de euros, agrupando unos 277.000 alumnos y 175.000 familias. Representamos a nivel estatal en torno al 12% de la enseñanza concertada, con un reparto muy heterogéneo por las distintas comunidades autónomas y en alguna siendo incluso la organización mayoritaria

         Sierra Sosa solicitó, a partir de la singularidad del hecho de ser cooperativas, un tratamiento jurídico diferente al del resto de los centros concertados.

(…) demandamos, en primer lugar, un estatuto jurídico diferenciado de los otros centros sostenidos con fondos públicos.
(…)
En este momento en esta Cámara hay en trámite un proyecto de ley de contratos públicos, trasposición de una directiva europea, la cual recoge un trato diferenciado a las cooperativas que presten una serie de servicios públicos, entre ellos el educativo. (…) …expresamos la necesidad de que desde los poderes públicos se articule una política educativa que desarrolle en la práctica los objetivos contenidos en ella; la preferencia real de las cooperativas de enseñanza para acogerse al régimen de conciertos en base a su singularidad; la participación y representación de las cooperativas de enseñanza a través de su organización representativa, la Uecoe, en todos los ámbitos de debate e interlocución social educativa organizados por la administración educativa.

Para concluir, parece claro que la propuesta que en la época de los años de discusión de la LODE (en 1984) hizo el entonces ministro de Educación, José María Maravall, de convertir en una única red de escolarización a todos los centros sostenidos con fondos públicos (fueran estos privados o estatales) ha quedado en agua de borrajas. So pretexto (muy seguramente fundamentado) de que los conciertos no cubren la totalidad de los costes de escolarización, los centros subvencionados (incluso los que son cooperativas) se ven en la tesitura de cobrar cuotas periódicas a las familias, lo que termina por convertirlos en centros privados low-cost que ahuyentan a las familias con menos recursos. Si a esto añadimos que la mayoría de los centros concertados tienen un ideario católico y que, a su vez, muchos de ellos trata de imponérselo a todo el alumnado, tenemos un conjunto de elementos que posibilitan que estos colegios practiquen –lo quieran o no- la segregación social. ¿Cómo se consiente esto? Aquí nos adentraríamos en la historia de un país cuya urdimbre institucional no asegura el cumplimiento de ciertos derechos elementales.



[1] Aquí se recogen las intervenciones que han tenido lugar hasta el mes de junio de 2017. Los textos de las comparecencias están disponibles en http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Publicaciones/IndPub. A continuación del nombre y posición de cada compareciente, se indica la fecha de su intervención. Tal fecha es importante por al menos dos razones. La primera es que permite a quienes intervienen en último lugar haber tenido en cuenta las comparecencias anteriores. La segunda es que a medida que vamos avanzando en el tiempo, los intervinientes hablan sobre temas específicos (como por ejemplo alguna asignatura o la convivencia en los centros). 

¿Formación profesional en la Secundaria? Apuntes para un debate

¿Formación profesional en la Secundaria? Apuntes para un debate

Recientemente (mediados de junio), Eric Hanushek (un reputado economista de la educación de la Universidad de Stanford) publicó un artículo en el diario Wall Street Journal en el que explicaba los inconvenientes de haber cursado Formación Profesional en la Educación Secundaria, al tiempo que advertía de la práctica imposibilidad de trasladar a los Estados Unidos la formación dual existente en países como Alemania (modelo por el que se suspira ampliamente en España). Quiero dejar constancia, en primer lugar, de que Hanushek fue invitado en mayo de 2013 por el que fuera en aquel entonces ministro de educación, José Ignacio Wert, para que participase en un seminario organizado por su ministerio con el objetivo de justificar la existencia de los exámenes externos (las reválidas). Junto a estas pruebas externas, otra de las medidas estelares de la LOMCE es, justamente, la expansión de la Formación Profesional. No estaría de más, que este mismo ministerio volviera a invitar a Hanushek para que explicara lo que sabemos sobre este tipo de formación.

         El artículo de prensa de Hanushek se basa en una investigación en la que él mismo ha participado en el seno de un equipo internacional (cuyos resultados fueron enviados a The Journal of Human Resources en abril de 2015 y  publicados este mismo año). Este grupo analizó los datos de una muestra internacional –procedente de la Encuesta Internacional de Alfabetización de Adultos (IALS)- a partir de la cual se puede ver el desempeño laboral de trabajadores de todas las edades a lo largo de su vida profesionalmente activa.

Lo que en esta investigación se plantea es que, si bien durante los primeros años de acceso a la vida laboral las ventajas -tanto en términos de salarios como de nivel de empleo- son claramente superiores para quienes han cursado la rama profesional frente a quienes han optado por la generalista –o académica-, con el paso del tiempo tales beneficios se van difuminando. Lo que sucede es que, en un mundo laboral en continuo cambio, las destrezas que se puedan aprender en la Formación Profesional tienen una fecha de caducidad cada vez más próxima a la de la finalización de los estudios. Y no solo esto. Hoy en día es preciso estar en disposición de aprender permanentemente, de aprender a aprender, y esto es algo que resulta más fácil de hacer desde una formación flexible –como sería el caso de la generalista- que desde la suministrada en la red profesional. Los datos muestran contundentemente que esto es así.

A pesar de que los individuos con educación general inicialmente (normalizado a la edad de 16 años) tienen un 6,9% menos de posibilidades de estar empleados que aquellos que cuentan con Formación Profesional, la brecha en la tasa de empleo se estrecha un 2,1% cada diez años. Esto implica que a la edad de 49 años, por término medio, quienes han cursado educación general tienen más probabilidades de estar empleados que aquellos que han cursado formación vocacional.

Por tanto, a partir de los cincuenta años de edad quienes han cursado educación generalista están en mejores condiciones en el mercado de trabajo que quienes estudiaron en la rama vocacional. Se podría pensar que esto se debe a que aquellos que han cursado Formación Profesional trabajan en sectores económicos (o empresas) más expuestos a los despidos masivos o que simplemente prefieren retirarse a una edad más temprana, de modo que su situación en el mercado de trabajo nada tendría que ver con sus destrezas. Para responder a esta cuestión se analizó, con los datos de su Seguridad Social, la situación en Austria. Aunque este país no está incluido en el IALS, tiene un sistema de formación profesional similar al de Alemania y Suiza.

Los datos longitudinales de Austria nos permiten identificar a los trabajadores que perdieron su empleo debido al cierre de su empresa y compararlos con las pautas posteriores de empleo de trabajadores similares que no perdieron su trabajo como resultado de la desaparición de su empresa (…). Estos datos no son perfectos debido a que no informan sobre el nivel de educación. Sin embargo, todos los empleados de Austria están obligados por la Ley de la Seguridad Social (ASVG) a contraer un seguro social obligatorio, el cual los clasifica como trabajadores de cuello azul o de cuello blanco. Podemos interpretar esta diferenciación como un equivalente aproximado al tipo de educación, ya que ambas medidas están muy correlacionadas. A partir de los datos del microcenso de Austria, un simple cruce de estos revela que al menos el 13,4% de los trabajadores clasificados como de cuello blanco tenían una educación general mientras este no era el caso de prácticamente ninguno de los de cuello azul. Para los menores de cincuenta años, las tasas relativas de empleo de los trabajadores de cuello azul tras el cierre están por encima de los trabajadores de cuello blanco. Sin embargo, para los trabajadores de más de cincuenta años las tornas cambian en sentido opuesto.

Un aviso para navegantes: pese a lo que insistentemente se ha dicho aquí, al hilo de la LOMCE, la formación profesional dual (alemana, danesa, suiza o austriaca), explica Hanushek, no es fácilmente exportable.

Los Estados Unidos no pueden replicar rápidamente la asentada historia del aprendizaje profesional de Alemania. El sistema alemán se apoya en medio siglo de experiencia de los empleadores, de estándares nacionales y de un mercado laboral relativamente rígido que confía en la certificación como credencial que sirve para contratar (…). En cambio, los Estados Unidos no han optado por la educación vocacional. En la Secundaria, se ha elegido una vía alternativa de enseñar destrezas básicas tales como las Matemáticas y la lectura para motivar a los estudiantes que no van bien en el currículo general.

Vistos estos datos, parece claro que la Formación Profesional (y excluyo a la Formación Profesional Superior) no es la vía más adecuada para integrarse en un mundo laboral como el actual, y no digamos en el que se avizora para los próximos años. ¿Por qué la insistencia por parte de tantos en este itinerario educativo? Se puede encontrar una respuesta convincente en un artículo publicado en 2009 por Manfred Wallenborn y Stephen P. Heyneman cuyo título (“¿Debería formar parte de la Educación Secundaria la Formación Profesional?”) es una invitación a reflexionar sobre el lugar de la Formación Profesional en nuestro sistema educativo. En realidad, vienen a decir, esta formación poco tiene qué ver con el mercado de trabajo. Más bien responde a la necesidad de apartar a aquellos alumnos a los que la escuela considera poco capacitados para prosperar en ella.

La historia nos enseña que el problema relativo a la decisión de contar con una educación vocacional en la escuela secundaria poco tiene que ver con la educación vocacional. Más bien tiene que ver con los supuestos de quiénes deberían cursarla y por qué a aquellos que la cursan se les debe impedir el acceso a las universidades de élite. En otras palabras, el problema radica en las restricciones sociales asociadas a aquellos que cursan la educación vocacional.

         Además, apuntan (y esto es algo que deberíamos tener en cuenta en los debates educativos españoles) que las familias no demandan este tipo de educación. La Formación Profesional es la respuesta del sistema educativo a cómo “aparcar” (“park” en el original) a los alumnos menos académicos. De hecho, para la mayoría de los gestores educativos (sean de izquierdas o de derechas) la Formación Profesional es para los hijos de los otros, nunca para los suyos. Esta es una actitud que se puede ver en el personaje de Indiana Jones y cómo torna su indiferencia por el hecho de que el joven que protagoniza la película no haya llegado a la universidad en un enorme cabreo cuando descubre que se trata de su hijo.

El mercado de trabajo parece compartir esta visión degradada de la Formación Profesional. Así, de acuerdo con el informe de Adecco (Oferta y demanda de empleo en España, 2015), tan solo el 8,3% de las ofertas de empleo demanda un nivel de Formación Profesional de Grado Medio frente a un 17% de ofertas que solicita un nivel de Bachillerato.

Llegados aquí, la pregunta está bastante clara: ¿qué hacer? La respuesta pasa por una transformación radical de nuestro sistema educativo, de manera que no hubiera espacio para el fracaso escolar y la consiguiente canalización de quienes fracasan hacia la red profesional. Dado que el objetivo de nuestro país –como el del resto de los miembros de la Unión Europea- es que la práctica totalidad de nuestros jóvenes adquiera como mínimo una credencial de Educación Secundaria Superior, no quedaría más remedio que repensar nuestro anquilosado y academicista Bachillerato y cómo dar cobijo en él a la práctica totalidad de la población escolar del correspondiente tramo de edad.


Espero que nadie vea en esta proposición el suspiro utópico de un igualitarista. Más bien se trata de adaptar la escuela a las exigencias de la sociedad. En tiempos pasados las destrezas aprendidas en la escuela y/o los primeros años de la vida laboral podían servir para bandearse a lo largo de toda la vida laboral. Bastaría con pensar, por ejemplo, en los trabajadores de la antigua SEAT. En este contexto, la Formación Profesional pudo haber tenido sentido. Algo similar cabría decir con relación a lo que se plantea en la película de ciencia ficción Interstelar. Como se puede ver en el tráiler, aquí estamos en una sociedad que no precisa ingenieros (que es lo que querría ser su protagonista), sino gente que trabaje en el sector agrícola. Sin embargo, vivimos en un escenario, tanto laboral como social, que demanda trabajadores y ciudadanos que aprendan permanentemente. El siguiente paso será conseguir que todos los ciudadanos tengan educación superior, sea en la universidad o en la Formación Profesional de Grado Superior. Esto es lo que pretendía Obama. Por otra parte, el acceso universal a la educación superior es casi una realidad en países como Australia.