domingo, 13 de diciembre de 2015

¿Deben ser funcionarios los profesores?

¿Deben ser funcionarios los profesores?
Enorme ha sido el revuelo que ha provocado la propuesta de Ciudadanos de suprimir la condición funcionarial al profesorado de la enseñanza pública (entiendo que de todos los niveles). Hace algunos meses propuse -me temo que con escaso éxito- esto mismo en una reunión del Foro de Sevilla, en la sede madrileña de CCOO. Lo planteé al hilo de un debate sobre si realmente las oposiciones para acceder a la enseñanza pública prueban que se está seleccionando a un buen profesorado. La opinión generalizada en aquella reunión –pero también entre el profesorado- es que no. Dado que el acceso a la función pública pasa por aprobar una oposición, se me ocurrió indicar que quizás lo mejor sería que los profesores no fueran funcionarios.
                En otra reunión de un tipo similar a la citada del Foro de Sevilla, un asistente –creo recordar que trabajaba en un centro de Secundaria de la barriada sevillana de las Tres Mil Viviendas- hizo una propuesta más osada que la mía. Se trataba de que todo el profesorado pusiera sobre la mesa su condición de funcionario, de manera que solo siguieran siendo docentes aquellos que realmente estuvieran comprometidos con una educación de calidad.
                Que nadie se asuste. No en todos los países de nuestro entorno los profesores son funcionarios. En el caso de Finlandia, por ejemplo, no lo son. El profesor que quiere trabajar en un centro presenta su candidatura y es este –incluso con intervención de representantes municipales- el que decide si se le contrata o no. Un centro podría contar con un proyecto que considerase a la música el eje del aprendizaje. De este modo, si precisara de un profesor de Matemáticas, tendría preferencia un licenciado en Exactas capaz de tocar un instrumento musical. De hecho, así es como pueden funcionar los centros privados (concertados o no). Hace unos cuantos años, el director de un centro concertado (laico, inclusivo, democrático) me decía que cuando tenía que contratar, por ejemplo, a un profesor de Lengua, lo primero que hacía era ver las últimas páginas de su currículo. En ellas buscaba si había trabajado con menores, sus conocimientos de idiomas, certificados de aprendizajes diversos, etc. Su planteamiento era que licenciados en Filología tenemos a montones, pero es menos frecuente contar con licenciados en tal materia que sepan trabajar en equipo, hacer visitas con sus estudiantes y demás.
                Lo cierto y lamentable es que los centros públicos tienen muy difícil conformar un proyecto educativo. Este solo puede sustentarse sobre la base de un conjunto de profesionales que compartan, aunque sea de un modo laxo, una determinada manera de trabajar en el aula y en el centro. Si a nuestros colegios e institutos llegan los profesores tan solo en virtud de un administrativo sistema de puntos –derivados de la antigüedad y del desempeño de cargos-, resulta fácilmente comprensible el desolador panorama de profesores desconectados entre sí. Experiencias radicalmente innovadoras, como la de los colegios de los jesuitas en Cataluña, son prácticamente inviables en la enseñanza pública. Es más, los pocos centros públicos dotados de un proyecto –como sería el caso del, a todas luces ejemplar, CEIP Trabenco- están permanentemente amenazados por la arbitrariedad de los concursos de traslados y la consiguiente dificultad para conformar equipos docentes.
                Aquí no acaba la cosa. La condición funcionarial ha terminado por convertirse, en más ocasiones de las deseadas, en una patente de corso contra la enseñanza pública. Sabido es lo tremendamente complicado que resulta gestionar la presencia de profesores “tóxicos”, incapaces de crear un mínimo de ambiente de aprendizaje en el aula. Si bien es cierto que los funcionarios están sometidos a un régimen disciplinario, este parece a todas luces inocuo. Contaré una anécdota que me sucedió hace unos cuantos años. Fui invitado a dar una conferencia en el Centro de Profesores de Orcera (Jaén). Nada más terminar el acto, sus organizadores me indicaron que una de las personas del  público que tomó la palabra era un profesor dirigente de un partido de la extrema derecha (puede que Democracia Nacional). Su historia profesional se resumía en que cada año era enviado de un centro a otro como resultado de las quejas que su irrefrenable vocación de publicista dentro del aula provocaba entre las familias y entre sus propios compañeros de profesión. No me extrañaría que todavía continuara su historia errante. Esto es, por desgracia, algo muy típico de la función pública: los problemas no se solucionan, simplemente se trasladan a otro sitio (las expulsiones de alumnos de un centro a otro podrían ser un buen ejemplo adicional). Todo profesor, alumno o padre podría narrar experiencias similares a esta (profesores que suspenden por sistema, que no saben explicar, que crean conflictos, que son dictatoriales o anárquicos, etc.) y cómo la dirección, si es que tiene a bien hacer algo, está atada de pies y de manos.

                En definitiva, no sé muy bien si los profesores deberían ser funcionarios o no. En todo caso, sus derechos laborales no se pueden anteponer al interés superior de la calidad de la enseñanza. Lo contrario sería simplemente suicida para la educación pública.